Papeles del Psicólogo, 2004. Vol. 25(87).

Javier Urra.

Fiscalía de Menores

El domingo 27 de Julio y tras acompañar a los padres, hermanos, familiares y amigos de Sandra Palo en su entierro, firmé a favor de la modificación de la ley.

He entrevistado a un menor (un niño por su edad), que participó en el hecho brutal, despiadado e inenarrable contra una joven vital e ingenua, víctima injusta de unos asesinos que siendo responsables de sus actos requieren de una respuesta diferenciada de la de los adultos por su edad, por la historia terrible vivida en sus familias que les han conllevado a ser verdugos pero también víctimas, y por la esperanza en la rehabilitación.

La Ley se denomina de Responsabilidad Penal, pues atribuye la misma a los jóvenes, no es cierto que desarme a la sociedad, desde su entrada en vigor (13 de Enero de 2001), 113 menores han sido condenados por delitos de homicidio o asesinato.

Quienes hemos participado en su elaboración y trabajamos con ella día a día sabemos de sus virtudes con los menores que cometen hechos delictivos menos graves. Desde la reparación o el trabajo en beneficio de la comunidad hasta la libertad vigilada pasando por la amonestación nos muestran su eficacia.

Somos muchos los profesionales (jueces, fiscales, abogados, educadores, trabajadores sociales, policías y psicólogos de Juzgados y Servicios Sociales) que nada alejados de la ciudadanía buscamos que se imponga una equilibrada sanción a quien lo merece.

En el trabajo jamás se olvida a la víctima, al perjudicado por eso nos revolvemos contra los padres de los agresores que adoptan el equívoco papel de abogados de sus hijos (los hay que califican de "juegos" los abusos sexuales cometidos por sus descendientes, o que argumentan que no sabían que era un cabeza rapada, aunque en su habitación las esvásticas o el bate de baseball – deporte que no practica- no dejen lugar a la duda).

La ciudadanía ejerciendo su derecho estima que la norma es excesivamente benigna al menos con quienes cometen hechos irreparables como son los asesinatos y las violaciones.

Y desde luego si la sociedad juzga a la ley como ineficaz para dar respuesta hemos de iniciar un debate en profundidad.

Personalmente y como padre, las sanciones por hechos graves me parecen muy leves, como ciudadano leves y como experto que ha trabajado tres años en un centro de reforma duras.

En todo caso algo está fallando cuando los menores han interiorizado que son impunes. No es verdad, pero el valor de la apreciación subjetiva es muy importante.

Siempre he dado la cara y he intentado ser coherente, por eso hoy aplaudo que se admita la personación de la víctima o de sus familiares en el proceso como acusación particular. Y planteo que quizás para los hechos más graves la sanción deba endurecerse dilatando el tiempo de privación de libertad, quizás también debamos intervenir con los menores de 12 a 14 años, y agravar la pena por reincidencia.

Mientras tanto y a la mayor brevedad dótese por las Comunidades Autónomas de medios suficientes (centros de internamiento, centros terapéuticos -esenciales-, y profesionales para llevar a efecto las medidas).

Amplíense las plantillas de Fiscalías y Juzgados para agilizar su función.

Séase estricto en la ejecución de las sanciones y restrictivos en la concesión de permisos.

He firmado para que esta ley sea explicada en detalle a cada ciudadano y para que entre todos nos dotemos de una norma tan esperanzada como práctica.

Sépase que esta ley ha sido profunda y cuidadosamente elaborada por juristas y expertos en ciencias humanas; que la anterior Ley 4/92 sirvió de "banco de pruebas"; que fue aprobada por todos los Grupos Parlamentarios; que se enmarca dentro de los principios de la Constitución Española y de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La crítica, el debate social es sano y resulta en este caso esencial. Pongámonos eso sí en la situación de que nuestro hijo sea la víctima y también en el que sea el agresor.

Mejoremos la ley, pero no seamos ilusos, unos niños y jóvenes rodeados de desamor, de fallas educativas, de violencia no cambiarán sus conductas por saber que éstas serán más sancionadas.

Mejoremos la ley, sí, pero no nos quedemos en ello, abordemos lo esencial.- El respeto en los hogares, en la escuela, las buenas maneras, la sensibilidad, la capacidad para ponerse en el lugar del otro, de aceptar frustraciones, de diferir gratificaciones, saber perdonar, enriquecer el lenguaje, practicar deporte, mantener el contacto con la naturaleza, desarrollar las artes....

La prevención no está en el castigo, sino en el amor, la educación, la motivación, el sentimiento de trascendencia, el aprovechamiento escolar, la integración laboral.

Legislemos para que algunos padres y por el hecho de serlo no se conviertan en transmisores de violencia (hay que retirar antes a niños en situación no sólo de desamparo sino de manifiesto riesgo).

Legislemos para que no convivan entre nosotros auténticos sicarios importados de otros países, o niños solos que son un riesgo para sí y para los demás.

Persigamos el azote de la droga.

Acrecentemos la sanción a quien delinca con menores o induzca a los mismos.

Aprobemos el Reglamento que desarrolla la Ley.

Asumamos que las soluciones a la violencia y delincuencia juvenil nos compete a todos, señalemos a tantos padres "light", a tantos "missing", a la escasa oferta de ocio que no pase por el consumo –también de alcohol, de ....-, a la sobredosis de programas televisivos que hunden los valores en los más seborreicos pensamientos casi siempre centrados en lo único entendido como sexo muchas veces unido a violencia a posesión.

Cercenamos a los jóvenes expectativas de fundar una familia, de habitar su hogar, de establecerse laboralmente, les robamos ideales, les calificamos injustamente de vagos, de conflictivos. Y sabedores de las soluciones ¿qué hacemos?

Precisamos una profunda regeneración, nuestros niños no saben explicar cuales son las razones para ser felices. Les hemos hurtado conceptos como lo bien hecho, lo humilde, voluntad, esfuerzo, deber.

Tengo el honor de ser patrono de la Fundación Klara García, joven asesinada por dos compañeras en San Fernando (Cádiz), y apoyo el esfuerzo de su presidente D. José Antonio (padre de Klara ) y de Dª María (madre) por erradicar las causas que llevan a los niños y jóvenes a cometer hechos terribles de los que suelen ser víctimas otros niños o jóvenes y siempre la sociedad.

Las jóvenes que vilmente mataron a Klara se reincorporarán a la sociedad, lo fundamental es que en su internamiento hayan sentido que jamás podrán devolver esa vida, que se arrepientan profundamente, que pidan perdón, que sufran y soliciten ayudar en la fundación Klara (con k, como a ella le gustaba) García, para que nadie cometa un hecho tan repudiable.