Papeles del Psicólogo, 1982. Vol. (3).

Miguel Núñez

Diputado por el grupo parlamentario comunista (PCE-PSUC).

En nuestro país, (y no es por casualidad que salimos de 40 años de dictadura, de un régimen que subestimó todos los problemas sociales), hemos tenido que abordar una situación difícil, atrasada, que ese más de millón de personas discapacitados físicos y trescientos mil disminuidos mentales, que según parece son más, (ni siquiera tenemos un auténtico censo en este tema), presentaron una enorme cantidad de problemas, trágicos en muchos casos, sin que hubiese nada realmente para abordarlo, tan sólo una concepción paternalista y muy de asistencia inmediata a algunos de los casos planteados.

La ley de la que hablamos, por su carácter de ley especial, y por ello mismo marginadora, no puede satisfacer el objetivo esencial de la integración, es decir, de la plena participación de los discapacitados en la vida social, en todos sus aspectos.

Por otra parte, en el transcurso de los debates, la UCD rechazó nuestro voto particular al título V, en el que inicialmente habíamos coincidido todos los grupos parlamentarios, que instituía el innegable derecho de los minusválidos a un adecuado sistema de Seguridad Social, sustituyéndole por un llamado "sistema de prestaciones asistenciales y económicas", sin duda mucho más limitativo y que perpetúa el carácter de beneficencia de las prestaciones, en lugar de reconocer los justos derechos que les corresponden.

Al rechazarse el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Comunista y apoyado por los socialistas, se desmeduló en parte la ley, reduciendo su alcance y contenido.

Pese a ello, hemos dado nuestro voto finalmente a la promulgación de la ley, después de consultar con las asociaciones de minusválidos, porque, pese a estas graves insuficiencias, el texto aprobado entraña un paso favorable y puede ser un punto de partida para el desarrollo de las justas aspiraciones de los minusválidos y para que, en definitiva, se pueda avanzar hacia la desaparición de esta ley y la inclusión del minusválido como un ciudadano más, plenamente integrado, del que todas las leyes de nuestro país se ocupen en sus propias características.

Ahora se trata de que lo acordado se cumpla y se cumpla en los plazos previstos en la propia ley. Esta será ahora una cuestión esencial y el Grupo Parlamentario Comunista vigilará, junto a los minusválidos y sus asociaciones, para que así se haga.

En el Proyecto de Ley se echa en falta un ánimo de adecuar los planes generales de atención a los distintos aspectos y se hace notar la intención de obviar el hecho de que ya existe cierta normativa que no se hace cumplir (por ejemplo: la obligatoriedad de emplear un 2% de minusválidos en las empresas de más de 50 trabajadores).

No podemos renunciar a explicar ciertos aspectos claves en el desarrollo y la aplicación de la ley y que nos esforzaremos por alcanzar:

En definitiva queremos afirmar que sólo en aras a la provisionalidad que le damos a esta Ley, la aceptamos como algo que puede poner orden en el caos total que existe hoy en este campo, y por los avances que supone respecto a la situación existente. Pero queremos prevenir que de nada servirá una Ley especial que tiene que encontrar su ubicación y desarrollo en las leyes generales y que tememos que ante el abandono de sus funciones por parte del Estado, la iniciativa privada entre a saco en el campo de los Servicios Sociales.

Por otro lado, pensamos que sino se institucionaliza un organismo de base ampliamente popular, donde los afectados tengan intervención directa, no podrá controlarse realmente la aplicación de la ley; y que estamos en contra de la utilización del colectivo de minusválidos como mano de obra barata bajo criterios de poca rentabilidad, de improductividad, y de que se utilice a los mismos minusválidos como banco de pruebas de otras políticas sectoriales.

Y para terminar quiero hacer unas cuantas preguntas: ¿Qué organismos van a responsabilizarse del cumplimiento de la ley? ¿Cómo va a asegurarse la financiación y cuándo empezará a funcionar? ¿Qué medidas de urgencia se van a tomar para que las gentes sientan que la Administración cumple puntualmente sus obligaciones?

Estas y otras cuestiones son las que demostrarán en la práctica si esta ley significa un paso adelante, aunque tímido, o es una pantalla para seguir incumpliendo las obligaciones que la Constitución define para los minusválidos.